Una orden de restricción frena debate sobre paritarias en Caroya

Desde hace dos meses, el secretario general del sindicato no puede reunirse con el funcionario que el municipio designó para dialogar ya que hay una denuncia en el medio. El gremio pide que otra persona pueda continuar la negociación.
Christian Almada, secretario general

Este miércoles, Christian Almada junto a sus abogados recurrió a Tribunales de Jesús María para pedir que la justicia intermedie en el conflicto que creció más allá de un acuerdo salarial.

Con secreto de sumario, la denuncia habría ocurrido luego de una pelea verbal acalorada con supuestas amenazas entre Almada y el funcionario.

El abogado del gremio sostuvo que el municipio «sistemáticamente envía a esa persona» y no a otra para que las partes puedan negociar los aumentos.

Almada se defendió y argumentó que no amenazó «a nadie». La medida de la justicia no tiene fecha de vencimiento, sino que depende de la evolución de la investigación en curso.

“Lo que yo quiero es ejercer mi función por el bien de los trabajadores (…) hay 250 familias esperando», sostuvo.

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La ordenanza fue aprobada por unanimidad. Establece controles, campañas educativas y posibles sanciones.

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Cuenta con 128 cámaras activas, monitoreadas las 24 horas. Solo la Justicia puede acceder a los registros mediante oficio judicial.