AUDIO | Christine Edwards, ambientalista de La Granja.
La posible instalación de un emprendimiento minero de extracción de áridos a 100 metros del Río San Cristóbal, a escasa distancia de la Reserva de la Defensa de Ascochinga, promueve el debate sobre las consecuencias ambientales y también sobre las limitaciones de la participación ciudadana en tiempo de pandemia.
Desde el punto de vista ambiental, Christine Edwards, vecina de La Granja, señala que hay «fallas» en los informes de impacto ambiental presentados por la empresa que quiere radicarse en cercanías al Río San Cristóbal (a 3 km del Río La Granja y a 6 km del Río Canero). La referente argumenta que no se han valorado las consecuencias integrales de la obra y su impacto en la calidad del ecosistema y el agua potable. Este lunes entregaron una carta a la Secretaría, solicitando la postergación de la audiencia pública que abordará la instalación del establecimiento extractivo.
De esta manera, aparece el segundo punto de debate: las limitaciones de participación real en las audiencias públicas ambientales digitales. Los grupos ambientalistas consideran que esta modalidad digital limita la participación debido a la baja conectividad a internet en Sierras Chicas, donde reside la población potencialmente afectadas por la obra, y la dificultad para contar con dispositivos tecnológicos que permitan el acceso a al sesión.
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