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Este mediodía se desarrolló otro capítulo en la búsqueda de justicia por los hechos acaecidos durante el terrorismo de estado. Luciano Benjamín Menéndez, otros genocidas y colaboradores fueron juzgados por sus responsabilidades en la violación sistemática de Derechos Humanos ocurrida a partir del Golpe Cívico Militar de 1976 hasta el regreso de la Democracia en 1983.
Patricia Roggio, vecina de Colonia Caroya, docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC y amiga de jóvenes desaparecidos durante la última dictadura cívico militar habló con Radio Jesús María y contó cómo vivió la lectura de la sentencia.
«Este momento tiene una importancia trascendental para todos los argentinos. Este juicio es histórico, es maravilloso ver la cantidad de jóvenes que no vivieron esta época, y están presentes dando fuerza en todo esto»- explicó emocionada la docente de la UNC vecina de Colonia Caroya.
Roggio también se refirió al contexto que rodea la lectura de la sentencia y el impulso de ciertos sectores para minimizar el Genocidio ocurrido entre 1976 y 1983: «Los pueblos sin memoria no pueden construir nada. En momentos en que se intenta minimizar todo este horror por lo que pasó el país, es fundamental que estemos aquí y quienes no reflexionen sobre este tema porque es la única garantía de que esto no pase nuevamente».
Patricia recordo a Rodolfo García esposo de Elena «Leny» Migotti , uno de los 30.000 desaparecidos de la última dictadura.
«Lo recuerdo a Rodolfo, a Leny y todo lo que pasó, en homenaje a Elena y a su madre, de sostener siempre (…) esta gente luchó desde el `83 para acá, para que esto se concretara, jamás debe quedar en el olvido sino nos condénanos a pasar por estos horrores.
Cadena 3 | Radio Jesús María
PERPETUA PARA MENÉNDEZ
Tras cuatro años de jucio, otra condena a perpetua para Luciano Benjamín Menéndez. entre los presentes en la lectura del fallo se encontraban el gobernador Juan Schiaretti y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
La megacausa La Perla condenó a autor y coautor de crímenes por privación ilegitima de la libertad, tormentos y desaparición forzada de personas seguida de muerte, entre otros delitos cometidos contra centenares de perseguidos políticos ocurrida en la última Dictadura Cívico Militar.
Tambien fueron condenados los ex carapintadas Héctor Pedro Vergez y Ernesto Barreiro. Este último estaba imputado por 518 delitos: 228 privaciones ilegitimas de la libertad agravadas, 211 imposiciones de tormentos agravadas, 65 homicidios calificados, 13 imposiciones de tormentos seguidos de muerte y el robo de un menor de 10 años.
LOS CONDENADOS
Los jueces sentenciaron a la mayor pena a los represores Arnoldo «Chubi» José López, Jorge González Navarro, Jorge Eduardo Gorleri, Jorge Acosta, Héctor Hugo Chilo, Luis Martela, Luis Gustavo Diedrichs, Alberto Luis Choux. La misma condena recibieron Oreste Padován, José Hugo Herrera, Miguel Ángel Lemoine, Juan Eusebio Vega, Ricardo Lardone, Emilio Morard, Héctor Romero y Carlos Alberto Díaz. Por su lado, a José Andrés Tófalo lo sentenciaron a 14 años de prisión, a Wenceslao Claro le correspondieron 5 años de pena. Carlos Monti fue sentenciado a dos años y seis meses, mientras que se absolvió a Ángel Corvalán.
ABUELAS DE PLAZA DE MAYO Y EL GOBERNADOR PRESENTES
La lectura de las sentencias fue presenciada por el gobernador, Juan Schiaretti, así como la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, entre otros funcionarios y dirigentes.
En el interior del Tribunal se encontraba la activista Cecilia Pando, que exhibió carteles reivindicando la represión y buscó protagonizar una protesta al señalar que le juicio era «un circo».
En tanto, afuera del edificio se desarrollo una multitudinaria movilización convocada por organismos de derechos Humanos.
LA INVESTIGACIÓN
La investigación comenzó en diciembre de 2012 con más de 40 imputados y cuatro años después, por acumulación de causas, llegó a sumar 52, la mayor cantidad en un juicio de estas características, en el que cerca de 600 personas han dado su testimonio en más de mil horas de audiencias.
La causa estuvo integrada por 22 expedientes por delitos de lesa humanidad cometidos entre marzo de 1975 y 1979 en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de Córdoba conocidos como «La Perla» (el mayor del interior de la Argentina durante la última dictadura), «Malagueño o Perla chica», «Campo La Ribera» y «D2».
Además de los secuestros, torturas y asesinatos contra más de 700 víctimas, 311 de ellas aún desaparecidas, se destaca el hecho de que por primera vez se juzgó en esa provincia la apropiación de bebés: se trata del secuestro y posterior desaparición de Silvina Mónica Parodi de Orozco, embarazada de seis meses y medio, y su marido, Daniel Francisco Orozco, así como la sustracción del bebé de Silvina nacido en cautiverio.
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