Em 2016, un hombre decidió comprar un automóvil cero kilómetro y para ello, ingresó en un crédito para obtenerlo. Dos años después, llegó un incremento “desmesurado” de las cuotas que consumían todos sus ingresos. Asesorado por un abogado, en 2020 presentó un recurso de amparo para poner un freno a los aumentos.

El Juzgado Civil, Comercial, de Conciliación y de Familia de 1° Nominación de Jesús María condenó a las tres partes involucradas en el sistema de ahorro en pesos, debiendo abonar una suma de dinero en forma solidaria. En el juicio, se reprochó a la administradora de los autoplanes no haber informado debidamente cómo se trasladaban al precio del vehículo y a la cuota mensual, las variantes económicas del país.

El consumidor no recibió un trato digno al verse amenazado en su patrimonio, con el incremento exponencial del valor del vehículo sin posibilidad de discutir el contrato con el fabricante, aseguraron desde la justicia.

En su resolución, que todavía no está firme y que apelada por las partes denunciadas, el juez Luis Edgar Belitzky consideró que la administradora debía cumplir con deberes básicos en materia contractual, tales como la buena fe, la confianza, el deber de información, etc.

«La resolución fija precedente y postura para otros tribunales en el país», destacó el abogado.

En relación con la decisión de condenar solidariamente las tres firmas, el juez Belitzky enfatizó que el consumidor que ingresa a un “círculo cerrado de adherentes” para adquirir un vehículo no puede distinguir fácilmente el vínculo preciso que existe entre la concesionaria, la administradora y la fábrica de un vehículo.

Finalmente, Belitzky afirmó que la condena dictada “no pondrá en jaque ningún sistema y, si lo hiciera, será el de un sistema que no se adecúa a la realidad económica del país; y que por el mismo muchas personas que contratan de buena fe la adquisición de un vehículo por medio de un plan de ahorro, terminan o perdiendo el plan o vendiéndolo”.