Pluma Blanca es el nombre de la comunidad que hoy lucha para frenar el avance inmobiliario sobre unos lotes en disputa. El desalojo inminente provocó que un grupo de personas presentara una solicitud de audiencia para buscar alternativas.

Según el escrito presentado, no está cumpliéndose la ley 26.160 que establece «la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país, que suspende por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias».

«Vienen sufriendo hostigamientos, matanza de animales, atentados. Han puesto dinamitas en sus viviendas, bombas molotov y han recibido agresiones», resumió Laura.

Numerosas instituciones provinciales ya se han plegado al reclamos tales como la Mesa de Derechos Humanos, el Instituto de Culturas Aborígenes, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, entre otras.

«Ellos están un lugar cercados por proyectos inmobiliarios de alta gama, con deseos de apropiación de la tierra y con las explotaciones mineras extractivistas (…) no han tenido una defensa justa en su momento, fueron abandonados por un abogado que fue una pieza clave para que no sean defendidos ante la justicia», contó.