El arzobispado de Córdoba notificó que el Vaticano rechazó la apelación que había interpuesto Julio César Aguirre, expárroco de Jesús María, sobre quien pesaba un decreto penal adverso de fecha 24 de noviembre de 2020. Con este rechazo, la expulsión del estado clerical para Aguirre es «definitiva».

En la práctica, la expulsión del estado clerical significa que se le prohíbe de modo permanente el ejercicio de los derechos propios del estado clerical como celebrar Misa, oír confesiones y administrar los demás sacramentos.

La información fue publicada por la Agencia Informativa Católica Argentina (AICA) este martes 6 de julio, pero ya había sido adelantada por monseñor Carlos Ñáñez, arzobispo de Córdoba, en una reunión que mantuvo con las comunidades de la parroquia el pasado viernes 2 de julio.

Enlace: Sentencia definitiva en el caso de un sacerdote cordobés 

Julio Aguirre ofició su última misa en Jesús María el domingo 24 de noviembre de 2019 y anunció allí su repentino cambio de destino. Ese mismo lunes partió hacia la ciudad de Córdoba, sin demasiadas explicaciones, situación que alimentó una serie de rumores.

Ver: Tras 29 años, el Padre Julio Aguirre deja de ser el párroco de Jesús María

Lo que nadie esperaba o nada sabía era que, en realidad, el arzobispo Ñáñez le pedía al Vaticano intervención para un proceso canónico penal para determinar la culpabilidad o inocencia de Aguirre, tras la recepción de una denuncia en su contra por un presunto abuso sexual cometido 20 años antes en contra de una víctima que era menor de edad al momento de los hechos denunciados.

El inicio del proceso

Fuentes del Arzobispado de Córdoba informaron que, recibida una denuncia por parte de una mujer mayor de edad, en 2019, se inició una investigación según lo que establecen las normas canónicas, y se trasladó ese expediente iniciado al Vaticano, a la Congregación para la Doctrina de la Fe que interviene en estos casos.

Esa Congregación vaticana ordenó que se instruyera contra el entonces presbítero Julio César Aguirre un “proceso penal administrativo (canónico) por abuso sexual a una menor”, en un hecho que, según la denuncia, ocurrió hace alrededor de 20 años.

En este proceso Aguirre fue encontrado “culpable” y apeló ante la Santa Sede, pero allí rechazaron el recurso, con lo que quedó firme la pena perpetua de dimisión del estado clerical.

En una reciente comunicación a todos los sacerdotes de la Arquidiócesis con motivo de este caso, monseñor Carlos Ñáñez pidió que se siga “trabajando pastoralmente en defensa de todos, en especial de los niños y los débiles, que son los predilectos del Evangelio”.