El joven de 27 años y la joven de 25 que fueron señalados como presuntos organizadores de una fiesta clandestina en la zona rural de La Granja recuperaron su libertad tras haber pagado una fianza cuyo monto no fue precisado por la Fiscalía de Instrucción de Jesús María.
A ambos se les imputó la presunta comisión de un delito estipulado en el artículo 205 del Código Penal y que establece lo siguiente: «Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia«.
Vale recordar que el domingo pasado, más de 100 personas fueron identificadas como asistentes a una fiesta clandestina que tuvo lugar en la Estancia San Cristóbal, sita en avenida La Blanqueada de la zona rural del camino a Los Molles.
A ellos, se les labraron actas de infracción través de las ley provincial número 10702. Según estableció el operativo policial, la mayoría no cumplía con las normas biosanitarias exigidas -barbijo, distancia, artículos de higiene personal-.
La Fiscalía de Instrucción espera, todavía, el informe que solicitó al Ministerio de Salud provincial para saber si a los asistentes e, incluso, a los organizadores podría caberles una calificación penal más severa. ¿En qué circunstancia? Si alguno de ellos, hubiese roto un aislamiento obligatorio o si hubiese concurrido a la fiesta con diagnóstico positivo y período de contagio activo de Covid-19.
En ese caso, podría corresponderles la calificación penal contenida en el artículo 202 del Código Penal que endurece las penas establecidas en el 205: «Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas».
El informe de Salud será clave para saber cómo continúa la investigación y si habrá nuevos imputados o imputadas.