La situación de la Justicia en la región volvió a quedar en el centro del debate tras las declaraciones de Marcela Colombo, integrante del Colegio de Abogados de Jesús María, quien describió un escenario de creciente deterioro en el funcionamiento de los tribunales y reclamó medidas urgentes para evitar una mayor afectación del servicio.

En diálogo con Radio Jesús María, Colombo sostuvo que la problemática no es nueva, aunque aseguró que se agravó durante el último año debido a una combinación de factores que impactan tanto en el trabajo de abogados y empleados judiciales como en los ciudadanos que esperan respuestas de la Justicia.

Entre los principales inconvenientes mencionó el funcionamiento de los denominados «juzgados múltiples», donde los mismos jueces, fiscales y defensores deben intervenir en causas de distintas materias, desde conflictos familiares y alimentarios hasta accidentes de tránsito y procesos penales.

A ese contexto se suman las medidas de fuerza que vienen realizando los empleados judiciales en reclamo de mejoras salariales. La dirigente respaldó el derecho de los trabajadores a manifestarse y señaló que muchos atraviesan dificultades económicas debido a la pérdida de poder adquisitivo.

Sin embargo, advirtió que el conflicto se combina con otros problemas estructurales. En los últimos días, fallas en los sistemas informáticos dificultaron la tramitación de expedientes y provocaron la acumulación de escritos judiciales. Según explicó, durante varios días los juzgados tuvieron serias dificultades para acceder a la documentación presentada digitalmente, lo que generó atrasos adicionales en el funcionamiento cotidiano de los tribunales.

La preocupación del Colegio de Abogados quedó plasmada además en un comunicado institucional difundido esta semana, donde se señala que las medidas de fuerza, las reiteradas fallas tecnológicas y la falta de cobertura de vacantes están provocando un notorio deterioro del servicio de justicia.

Uno de los puntos que genera mayor inquietud es la situación del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Deán Funes. Tras la licencia previa a la jubilación de su titular, la magistrada fue reemplazada transitoriamente mediante un sistema de subrogancias que obliga a los jueces de Jesús María a asumir también tareas en esa sede judicial.

Según explicó Colombo, esto implica una sobrecarga adicional para los magistrados locales, que deben dividir su tiempo entre ambas jurisdicciones, afectando inevitablemente los tiempos de respuesta y el normal desenvolvimiento de los despachos.

En el comunicado, el Colegio de Abogados sostiene que la situación ya está generando demoras en la resolución de causas, dificultades para fijar audiencias y retrasos en el dictado de resoluciones y sentencias.

La entidad también hizo un llamado a los legisladores provinciales de los departamentos Colón, Totoral e Ischilín para que impulsen el tratamiento del pliego destinado a cubrir la vacante en Deán Funes y acompañen las gestiones necesarias para fortalecer el funcionamiento del sistema judicial en el norte cordobés.

«Detrás de cada expediente existe una persona», remarcó Colombo durante la entrevista, al señalar que los retrasos afectan a familias que esperan decisiones vinculadas a alimentos o regímenes de comunicación, trabajadores que reclaman créditos laborales, comerciantes que aguardan resoluciones judiciales y ciudadanos que necesitan respuestas para proteger sus derechos.

Desde el Colegio de Abogados insistieron en que el objetivo no es profundizar conflictos ni señalar responsabilidades individuales, sino visibilizar una problemática que consideran cada vez más grave y que impacta directamente en el acceso a la Justicia de los habitantes de la región.