Remiseros advierten por el impacto de Uber en la zona: “Hay 80 vehículos de más y el servicio sigue colapsado en horas pico”

Remiseros y taxistas muestran su preocupación por la proliferación de vehículos particulares..

Pablo Castellanos, representante de la empresa Remises América de Jesús María, expresó su preocupación por la proliferación de vehículos particulares que trabajan a través de aplicaciones como Uber, y señaló que esto afecta gravemente al sistema legal de transporte de pasajeros en la región.

En diálogo con Radio Jesús María, el referente de la Mesa de Transporte, remarcó que en la actualidad existen 174 unidades habilitadas por los municipios de la zona —Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate—, superando en 30 la cantidad recomendada en relación con la población. A esto se suman, según estimaciones del sector, al menos 50 vehículos que trabajan sin habilitación a través de plataformas digitales.

“Estamos hablando de unas 80 unidades de más y, sin embargo, en los horarios pico seguimos teniendo los mismos inconvenientes para brindar un buen servicio”, explicó. “El trabajo nuestro ha bajado muchísimo. Está muy duro sostener una unidad hoy en día”, agregó.

Castellanos denunció que muchas de las unidades que trabajan con Uber no cumplen con las exigencias legales: “Hay vehículos muy deteriorados y conductores que han sido desvinculados del transporte público, que ahora manejan sin controles”. A diferencia de los remises habilitados, explicó, estas aplicaciones no están obligadas a presentar documentación como seguro de emergencia, inscripción en AFIP o controles técnicos.

Además del aspecto legal y de seguridad, el titular de Remises América destacó el impacto económico: “Nuestra empresa genera unos 70 puestos de trabajo directos en Jesús María. Todo lo que ganamos se reinvierte en la ciudad: alquileres, servicios, impuestos. En cambio, lo que factura Uber se va y no sabemos a dónde”.

Según cálculos que manejan en la agencia, la salida de dinero de la zona por el uso de estas plataformas ronda los 400 millones de pesos anuales.

“No estamos en contra del que necesita reforzar su ingreso —aclaró Castellanos—. Lo entendemos. Pero esta situación debe ser regulada por los políticos. Hoy las aplicaciones están rompiendo todas las reglas”.

Pablo Castellanos – Mesa de Transporte

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