AUDIO | Mariana Ispizua, concejal

La nueva ordenanza que ya tuvo sus réplicas en los tres niveles del Estado, logró ser una realidad a nivel local poniendo un freno a personas que aspiren a cargos y que tengan deudas con la justicia.

Ispizua contó que el caso emblemático ocurrió en Pilar cuando en unas elecciones, uno de los candidatos estaba preso durante la campaña.

Tanto a nivel nacional como provincial, los proyectos presentados similares a éste de la mano de Juntos por el Cambio, «están frenados».

“Estamos muy contentos de haber logrado el consenso en ambos bloques y ser unos de los primeros municipios en el país que cuentan con esta importante normativa», expresó.

El texto establece que candidatos a intendente, concejales o tribunos de cuenta no pueden tener condena por ningún tipo de delitos a la hora de postularse. La medida también rige para funcionarios elegidos durante cada gestión.