Aunque a la Justicia le llevó 11 años resolver la situación procesal, finalmente comenzará el juicio en el que está imputado Carlos Borgobello, intendente de Estación General Paz, como presunto autor de los delitos de exacciones ilegales y de falsedad ideológica en la causa que se remonta a la época en que la entonces comuna de General Paz cobraba multas haciendo uso de cinemómetros o cámaras.

Además de Borgobello, enfrentarán las acusaciones el exjuez de Faltas de Salsipuedes, Daniel Torres, Alejandro Abeliansky y Virginia Mónica Guala (de la empresa que montaba el sistema de cámaras para las fotomultas), Marcela Marconetto y Pascual Suárez.

Según se pudo comprobar a lo largo de la investigación penal, los inspectores municipales de General Paz se reunían cada 15 días para ver las filmaciones y labraban las actas como si hubiesen estado presentes en el momento en que eran cometidas.

La discusión en aquel momento se centraba en que la legislación provincial de tránsito prohibía cobrar multas sobre rutas sin que un inspector presente las entregase en mano al infractor.

Entre 2008 y 2010, la comuna de Estación General Paz, asociada a una empresa de fotomultas de Buenos Aires y estudios jurídicos, más la intervención del Juzgado de Faltas de Salsipuedes, aplicó de miles de fotomultas, a razón de 50 mil por año, casi todas por exceso de velocidad, en proximidades del kilómetro 735 de la ruta 9.

Los acusados enfrentan los cargos como presuntos autores de exacciones ilegales (funcionarios que, abusando de su cargo, solicitan indebidamente una contribución o un derecho) y de falsedad ideológica (por haber insertado información falsa en las acta).

La Cámara 2ª del Crimen de la ciudad de Córdoba será la encargada de llevar adelante el juicio oral y público. Laura Batistelli será la fiscal de Cámara y la jueza Mónica Traballini será la presidenta de la Cámara. La primera audiencia está prevista para el primero de septiembre y las demás audiencias tendrán lugar el 2,3,6,7 y 9 de septiembre.

Los delitos que se juzgan

Exacciones ilegales: Artículo 266 del Código Penal – Será reprimido con prisión de un (1) a cuatro (4) años e inhabilitación especial de uno (1) a (5) cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden.

Falsedad ideológica: Artículo 293 del Código Penal – Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio.