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Francisco Gonzales perdió su vivienda el 3 de marzo del año 2015, ocasión en la que la casa sobre calle Pilcomayo 311 del Barrio Agua Mansa desapareció en las lodosas aguas del Río Guanusacate.

«Antes de este suceso, el 14 de noviembre del año 2013 y el 27 de febrero del año 2015, en oportunidad de una crecida del mencionado Río, envié sendas notas al Municipio, adjunto fotocopias de las mismas, en las que manifestaba la preocupación por el aluvión y la peligrosidad que representaba para las viviendas del barrio y la conveniencia de la realización de obras de contención para evitar pérdidas materiales, no obteniendo respuestas a esta solicitud», explica en una carta al Director del Semanario Primer Día, Claudio Minoldo.

La madrugada del 3 de marzo, la familia salió sobresaltada de la casa que colapso en poco tiempo.

El 15 de noviembre del año 2015, la municipalidad le ofreció el “kit” de materiales de construcción para una vivienda, siendo la mano de obra a cargo de Gonzales y un terreno en Barrio Santa Elena. «Lo consideré insuficiente», explica el vecino damnificado.

Actualmente el propietario no puede construir en el lugar, hasta tanto no estén listos los resultados de los estudios completos geomorfológicos, geofísicos, geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos encomendados al Instituto Nacional del Agua (INA), con quien el municipio firmó un convenio en Octubre del año 2016 y el plazo de ejecución de obra es de doce meses.

Para González las obras se realizan muy lentas y el peligro sigue latente, por ello inició acciones legales contra el Municipio y el Gobierno de la Provincia de Córdoba:

«Después del derrumbe de mi vivienda y de otras en diversos sectores de la ciudad, se decidieron realizar las obras de engavionado, entonces eran necesarias, también es necesaria la alerta temprana, las lagunas de retardo, realizar el estudio del suelo, etc; hace falta que se pierdan vidas humanas, propiedades, etc; para que se tome conciencia de la peligrosidad del río y la necesidad de las obras. Por este motivo, ante la falta de respuestas he presentado una demanda judicial en los Tribunales de Jesús María, en contra de la Municipalidad de esta Ciudad y la Provincia de Córdoba.»