AUDIO | Gustavo Loza, secretario de prensa del Arzobispado de Córdoba
Para el Arzobispado de Córdoba, la expulsión de Julio Aguirre es irreversible
El secretario de prensa del Arzobispado de Córdoba, Gustavo Loza, reveló los aspectos del proceso que llevó a la Iglesia a quitarle los “fueros” al expárroco de Jesús María.
La expulsión de Julio Aguirre como sacerdote de la Iglesia Católica tuvo en Jesús María el impacto de una bomba de neutrones. La feligresía local se dividió entre afines y detractores, entre incrédulos y sorprendidos, pero en todos primó un sentimiento de amargura especialmente por el tenor de las acusaciones en contra de quien fue durante 29 años el párroco de la ciudad.
Gustavo Loza, secretario de Prensa del Arzobispado de Córdoba, confirmó lo que era un secreto a voces: el proceso canónico por el que se destituyó a Aguirre se había iniciado por una denuncia de una feligresa -hoy mayor de edad, pero menor en el momento de los hechos (hace más de 20 años)- por abuso sexual.
“Ante este tipo de situaciones dolorosas se han tomado medidas y se han comunicado. Lo que pasa es que el modo de comunicación, muchas veces, no es tan abierto porque una de las cosas que buscamos es preservar la identidad y la privacidad de las personas, especialmente de la damnificada”, explicó Loza sobre el hermetismo inicial que primó al difundir la noticia de la expulsión.
“Tratamos -añadió el vocero del arzobispo Carlos Ñañez- de que la gente pueda conocer (estos hechos), que sepa qué es lo que pasa porque no hay que esconderlos, pero al mismo tiempo siendo prudentes y discretos”.
Para Loza, la situación de Aguirre es cosa juzgada, es decir, no hay ninguna posibilidad de una marcha atrás. Para el Arzobispado de Córdoba fue tan importante la resolución tomada por el Vaticano que monseñor Carlos Náñez decidió venir a contárselo a las comunidades de la parroquia de Jesús María el viernes de la semana pasada.
“Es como cuando se produce un problema en una familia. Los primeros que tienen que conocerlo son quienes la integran. En este caso, se le comunicó primero al (ex) sacerdote y después a la comunidad a la que él pertenecía y con la que trabajaba. Recién allí se hizo público al resto”, completó Loza.
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