Un grupo de abogados de la región presentó una nota ante la Delegación Jesús María del Colegio de Abogados de Córdoba para solicitar su intervención ante la situación del Tribunal de Faltas municipal. Sostienen que el intendente Federico Zárate está ejerciendo funciones que, según la normativa vigente, corresponden exclusivamente a un juez de Faltas designado mediante el procedimiento establecido por ordenanza.

Uno de los impulsores de la presentación es el abogado y especialista en Derecho Municipal, Fernando Peralta Napoli, quien explicó que desde la jubilación del último Juez de Faltas no se designó un reemplazante conforme a la normativa.

«El Tribunal de Faltas es un órgano que ejerce una función jurisdiccional dentro del ámbito administrativo y, por lo tanto, requiere una especial formación en Derecho. La ordenanza establece que el juez de Faltas debe ser abogado y ser designado mediante un procedimiento específico», afirmó.

Peralta Napoli recordó que el año pasado el municipio modificó el régimen de designación mediante la creación del Consejo Municipal de la Magistratura, organismo que debe intervenir en la selección del juez y del que forma parte un representante del Colegio de Abogados.

Según indicó, tras analizar distintas actuaciones administrativas advirtieron que las resoluciones del Juzgado de Faltas están siendo suscriptas por el intendente. «Consideramos que esa es una situación irregular y por eso pedimos que el Colegio de Abogados tome cartas en el asunto y requiera al Departamento Ejecutivo la conformación del Consejo Municipal de la Magistratura para designar al juez de Faltas conforme a derecho», señaló.

El abogado sostuvo que la competencia es un requisito esencial de toda autoridad administrativa y afirmó que el intendente no puede asumir esas funciones. En ese sentido, expresó que las resoluciones firmadas en ese carácter «estarían afectadas por un vicio de competencia» y podrían ser impugnadas judicialmente.

Incluso advirtió que, de prosperar planteos de nulidad, la Municipalidad podría verse obligada a reintegrar el dinero correspondiente a multas que hubieran sido abonadas en virtud de resoluciones dictadas por una autoridad que, según su interpretación, carece de competencia para hacerlo.

La presentación también solicita que el Colegio de Abogados gestione la inmediata conformación del Consejo Municipal de la Magistratura y que requiera al Ejecutivo el cese del ejercicio de esas funciones por parte del intendente hasta que se designe un juez de Faltas conforme al procedimiento previsto en las ordenanzas.

Peralta Napoli aclaró que el planteo no cuestiona la necesidad de controlar el cumplimiento de las normas municipales, sino que ese control debe concluir con resoluciones dictadas por la autoridad legalmente competente. «No estamos planteando algo opinable; estamos pidiendo que se cumpla lo que establecen las ordenanzas y la Ley Orgánica Municipal», concluyó.