La Cámara en lo Criminal y Correccional de 2ª Nominación resolvió la situación procesal de cinco personas mayores de edad, integrantes de una organización narcocriminal que operaba en Jesús María, Colonia Caroya y la ciudad de Córdoba.

Los imputados fueron hallados culpables del delito de “Comercialización de Estupefacientes Agravada por la participación organizada de tres o más personas” y recibieron las siguientes condenas:

• Maximiliano Lucas Cabrera: 6 años y 2 meses de prisión.
• Lautaro Agustín Bustos Aris: 4 años.
• Marina Verónica Paz: 6 años y 4 meses.
• Maximiliano Alexis Toledo: 7 años y 2 meses.
• Marcos Ezequiel Vera: 4 años.

La investigación fue dirigida por la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico de Jesús María, a cargo del fiscal Ronan Sobejano, y ejecutada por la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Una investigación que comenzó con una denuncia anónima

Según explicó Sobejano, el procedimiento se concretó en diciembre de 2023, cuando se consideró que ya existía un cúmulo de pruebas suficientes para cerrar los puntos de venta y allanar los domicilios involucrados.

La causa se inició a partir de una denuncia anónima realizada a la línea 0800-888-8080. A partir de allí, la Fiscalía reunió pruebas durante varios meses hasta lograr acreditar no sólo la maniobra de comercialización, sino también la existencia de una organización estructurada.

En el operativo se realizaron seis allanamientos simultáneos en Jesús María, Colonia Caroya y en barrios de la capital provincial. Se secuestraron aproximadamente 250 dosis de cocaína, vehículos, dinero en efectivo, balanzas digitales y elementos utilizados para el fraccionamiento.

Una modalidad particular

De acuerdo al fiscal, uno de los integrantes viajaba desde Córdoba hacia Jesús María en colectivo y, una vez en la terminal, utilizaba un remis para distribuir la droga en distintos puntos de la región. Con el tiempo, uno de los remiseros se incorporó activamente a la organización y fue finalmente condenado.

Sobejano destacó que la agravante aplicada no sólo exige la participación de tres o más personas, sino que debe probarse que actuaban de manera organizada, algo que —según indicó— pudo acreditarse con solvencia en este caso.

Dos de los acusados fueron condenados mediante juicio abreviado, mientras que los restantes enfrentaron juicio oral, donde el tribunal consideró que existían pruebas suficientes para dictar sentencia.

El fiscal subrayó que las penas impuestas “son bastante importantes” y que en uno de los casos alcanzan los siete años y dos meses de prisión, alejándose del mínimo legal previsto para este tipo de delitos.

Con esta resolución, la organización quedó desarticulada y sus integrantes a disposición de la Justicia conforme lo dispuesto por el tribunal interviniente.