La Cámara Federal de Casación Penal anuló la absolución de los imputados por la muerte de 43 gendarmes ocurrida en diciembre de 2015, cuando un colectivo se precipitó desde el puente del arroyo Balboa, en la Ruta 34, en Rosario de la Frontera.

El abogado Mauricio Arriagada, representante de un grupo de familiares de las víctimas, confirmó que el tribunal nacional hizo lugar a los recursos presentados por la querella y por la Fiscalía, y dispuso el apartamiento de los jueces que habían dictado la absolución en 2024.

“Esa absolución dejaba impune un hecho que es claro en relación a toda la prueba rendida. La Cámara de Casación detectó errores graves en la valoración de la prueba y una arbitrariedad manifiesta”, sostuvo Arriagada en diálogo con Radio Jesús María.

El fallo anula la resolución dictada por los jueces Domingo Batule, Liliana Snopek y Carlos Cataldi, del Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, y ordena la realización de un nuevo debate oral con un tribunal distinto.

El accidente que enlutó a todo el país

El hecho ocurrió en la madrugada del 14 de diciembre de 2015, cuando un colectivo que trasladaba efectivos del Destacamento Móvil 5 de Gendarmería Nacional, rumbo a Jujuy por disposición del entonces Ministerio de Seguridad, reventó un neumático al cruzar el puente sobre el arroyo Balboa.
El vehículo perdió el control y cayó al vacío, provocando la muerte de 43 uniformados. Se trató de la tragedia más grave en la historia de la fuerza.

De acuerdo con la investigación, el colectivo no contaba con revisión técnica obligatoria y tenía un neumático con ocho años de antigüedad y más de 88 mil kilómetros recorridos.
“Ese neumático fue la causa inmediata del siniestro. No fue una fatalidad: hubo negligencia, hubo fondos disponibles y no se usaron”, afirmó Arriagada.

Irregularidades y denuncias

El abogado recordó que existía un presupuesto de 60 millones de pesos en 2015 para el mantenimiento de la flota vehicular del Destacamento Móvil 5, pero que solo se destinaron 18 mil pesos al colectivo siniestrado.
“Los propios choferes habían advertido el riesgo. Se representó el peligro varias veces y, aun así, se ordenó salir con una unidad en mal estado”, explicó.

Además, denunció conflictos de interés dentro de la propia fuerza: “Dos de los procesados fueron defendidos por auditores de Gendarmería, abogados que cobran su sueldo del Estado y que, paradójicamente, cobraron honorarios del mismo Estado que debía investigarlos”.

El letrado también cuestionó la inacción institucional: “Ni la Gendarmería ni el Ministerio de Seguridad adoptaron medidas contra los jefes implicados. Algunos ya están retirados, pero otros siguen en funciones”, sostuvo.

Una nueva esperanza para las familias

Con la anulación del fallo y el apartamiento de los jueces, se sorteará un nuevo tribunal que deberá reeditar el juicio oral.
“Después de tantos años de dolor e impunidad, los familiares sienten una nueva luz de esperanza. Esperan que ahora se juzgue conforme a derecho y no de manera arbitraria”, concluyó Arriagada.

El nuevo debate judicial podría comenzar en los próximos meses, cuando se cumplan diez años del trágico hecho que marcó a la Gendarmería y dejó una herida abierta en decenas de familias de todo el país —entre ellas, algunas radicadas en Jesús María, Colonia Caroya y Santiago del Estero—.