La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) presentó el 8 de mayo pasado un amparo ambiental para que el Poder Judicial de la Provincia interceda ante la «contaminación que sufre Colonia Tirolesa» a causa de las fumigaciones con agroquímicos.

Según explica la organización, la comunidad de dicha localidad, ubicada en el departamento Colón, a 27 kilómetros de esta capital, «no cuenta aún con una ordenanza municipal que regule» estas aplicaciones.

«Su principal actividad económica es la agropecuaria, centrada en la producción de soja, papa y maíz. Debido a esto, desde hace años, las fumigaciones con agrotóxicos son constantes, lo que ha causado graves problemas al ambiente y a la salud«, describe la organización.

Fundeps asegura que existen reclamos continuos por parte de la población «para que se controlen y regulen las fumigaciones, ya que aún no cuentan con una ordenanza propia que establezca distancias acordes a las características del lugar». Ante eso, afirma, «el municipio de Colonia Tirolesa nunca dio respuesta».

El amparo ambiental pretende que el Poder Judicial le ordene a la Municipalidad de Colonia Tirolesa que disponga «la creación de una zona de resguardo ambiental no inferior a los mil noventa y cinco metros (1095 mts) de distancia desde el límite externo de la planta urbana, donde se prohíba la fumigación terrestre y una zona de resguardo ambiental no inferior a los tres mil metros dónde se prohíban las fumigaciones áreas con cualquier tipo de producto químico o biológico de uso agropecuario».

Que también «se prohíba dentro de las zona de resguardo ambiental 1, la limpieza y tránsito de todo tipo de maquinaria y/o equipos utilizados para la aplicación de productos químicos y/o biológicos de uso agrícola: así como el descarte de envases de este tipo de productos».

Y solicitan a modo de medida cautelar, de forma previa a lo que se resuelva lo antes mencionado, la suspensión provisoria de las autorizaciones de «aplicaciones para futuras fumigaciones y/o pulverizaciones con productos químicos o biológicos de uso agropecuario dentro de las áreas mencionadas».

Indica la organización que el fin de esta acción es «resguardar y proteger los derechos de quienes habitan la localidad».