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Gremio judicial impulsará denuncia penal contra el asesor letrado investigado

Habría instalado dispositivos para filmar en el baño de mujeres. La sospecha surge de testimonios de trabajadoras de Tribunales.
Agostina Noccioli, integrante del Gremio Judiciales

Días atrás, el Poder Judicial de Córdoba dió conocer un comunicado con la confirmación de la renuncia de Ginés Jodar, titular de la Asesoría Letrada Itinerante de Jesús María y Río Segundo.

Agostina Nocciolil, integrante del Gremio Judiciales, brindó detalles de la investigación que cerró luego de que el funcionario dejara su cargo.

Pese a ello, comenzaron a conocerse detalles de los hallazgos de la Secretaría de Sumarios Administrativos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

“Se encontraron elementos de muy extraño uso. Se entendió que habían encontrado precintos, algunas medias con orificios o dispositivos que se entenderían que estaba acomodando dentro del baño de mujeres”, expresó.

Ante esta situación, el Gremio de Judiciales de Córdoba elevará una presentación judicial para avanzar por otra vía por fuera de lo administrativo.

«Estamos completamente alarmados (…) queremos que la justicia investigue ya no la Oficina Administrativa de Sumarios que es una cuestión interna sino la justicia penal o en el fuero de violencia de género», explicó.

«No sabemos quién usó ese baño, pudo haber tenido acceso por ejemplo niños y niñas que van a la Cámara Gesell de esos tribunales, por ejemplo. Antes de decir si hay delito o no, hay que investigar los hechos concretos», remarcó.

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En medio de la preocupación de vecinos y familiares, el funcionario provincial aseguró que los equipos trabajan desde las primeras horas en la investigación y ratificó que la búsqueda continuará.

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La adolescente de 15 años fue vista por última vez al mediodía cuando salió del Colegio Bonoris. La investigación moviliza a más de 80 efectivos, con controles en rutas y rastrillajes en distintos sectores de la región para dar con su paradero.

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Obligará a empleados, contratados y funcionarios a presentar certificados de antecedentes penales, de deudores alimentarios y de condenados por delitos contra la integridad sexual.