El 12 de noviembre del 2018, el grupo se organizó con un abogado del sindicato para ser representados y llevar adelante procedimientos legales. El representante de la empresa Super Uno, dio aviso del despido y un 18 de noviembre, el Ministerio de Trabajo dictó la  ineficacia de esos despidos y así se determinó conciliación obligatoria. 

“Hasta el día de hoy no ha cobrado nadie, estamos en los juicios laborales pidiendo el reconocimiento de los precios”, expresó Daniel. 

Durante dos años, el trámite estuvo pendiente en el Ministerio de Trabajo, “los chicos se fueron con una mano adelante y una atrás, de hecho les debían sueldos”, manifestó. 

Esta situación que no solo afectó a 63 trabajadores, familias y a la economía regional, sigue su curso legal para obtener por parte de las autoridades el reconocimiento de créditos al 100 % por despido injustificado y los salarios de los meses anteriores que no fueron pagados. 

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