La Cámara de 2ª Nominación de la ciudad de Córdoba resolvió aceptar la sugerencia de la Fiscalía de Cámara y condenó -este martes 7 de septiembre- a la pena de ejecución condicional de tres años de prisión al intendente de Estación General Paz, Carlos Borgobello, a quien encontraron penalmente responsable de los delitos de falsedad ideológica y exacciones ilegales.
También, resolvieron inhabilitarlo para el ejercicio de cargo público por el término de cuatro años, tiempo durante el cual tendrá que hacer trabajos comunitarios para entidades de bien público con una carga no remunerada de 16 horas mensuales.
En el mismo juicio, resultaron con condenas los responsables legales de las firmas Sertram y Estrategic grup, Alejandro Abeliansky y Virginia Guala, a quienes los consideraron partícipes necesarios de los mismos delitos cometidos por Borbgobello.
En su caso, recibieron una pena de ejecución condicional de dos años y ocho meses de prisión e inhabilitación por tres años para contratación con el Estado nacional, provincial, o municipal. Y por idéntico tiempo también tendrán que realizar trabajos comunitarios.
Aunque en este juicio también estaban imputados Daniel Torres, ex juez de faltas de Salsipuedes, y Pascual Aníbal Suárez, exsecretario de la comuna de Estación General Paz, ninguno resultó con condena. En el caso de Torres, la causa se tornó abstracta porque falleció, mientras que Suárez no afrontó el juicio porque pidió ser eximido en razón de que tiene 81 años de edad.
Se trata de un juicio histórico porque General Paz había decidido desoír la resolución provincial que, en 2007, suspendió el uso de radares (cinemómetros) para la realización de multas. Y continuó utilizando ese mecanismo ilegal para labrar entre 100 y 150 mil multas entre junio de 2008 y junio de 2010 cuando el entonces fiscal Carlos Matheu (hoy jubilado) decidió iniciar una investigación de oficio, a raíz de quejas de usuarios ante la Defensoría del Pueblo y publicaciones de medios de comunicación.
General Paz usaba las cámaras para medir exceso de límite de velocidad en vehículos, adelantamientos indebidos (cruce en doble línea amarilla), y llevar las luces apagadas, pero los inspectores labraban las actas con posterioridad al hecho, las firmaban como si hubiesen estado presentes en el momento de cometidas, y se las adjudicaban al dueño del vehículo aunque no hubiese sido él el autor de la falta cometida.
Según se estableció en el juicio, los inspectores se reunían cada 15 días junto con la empresa proveedora del sistema de fotomultas y establecían qué actas labrar y cuáles no. La empresa se llevaba el 70 % de lo recaudado y el 30 % restante quedaba para el municipio.
Y como en ese entonces Estación General Paz era comuna y no tenía facultades para crear su Tribunal de Faltas propio, había celebrado un convenio con Salsipuedes por el cual este último le “prestaba” a su juez de Faltas.
Borgobello confirmó que apelará la resolución de la Cámara 2 del Crimen, razón por la que la condena quedará en suspenso mientras una Cámara de Casación resuelve si debe confirmarse lo actuado por el tribunal.