Por primera vez desde que existe la circunscripción judicial de Jesús María, un funcionario judicial es reprendido por el Tribunal de Ética Judicial con una serie de recomendaciones sobre el comportamiento que debe mantener en el ejercicio de su función.

La denuncia en contra de la secretaria multifueros, Andrea Scarafía de Chalub, fue interpuesta por un abogado del foro local, pero la presentación incluyó también un debate de 2018 de la asamblea de la delegación Jesús María del Colegio de Abogados de Córdoba en la que las y los abogados se quejaban por recibir «maltrato» por parte de la funcionaria.

«Los letrados expusieron hechos y circunstancias con intervención activa de la Sra. Funcionaria que no se condicen con el trato y respeto equiparable a magistrados que merecen los abogados en el ejercicio de su profesión. Previo a la asamblea también, se habían receptado denuncias por escrito respecto al accionar de la funcionarla. Lo expresado redunda en una grave e insoportable limitación y afectación del ejercicio de la profesión», señalaron los litigantes en el escrito del 31 de octubre de 2018.

Pero también dejaron constancia por la inconformidad que les generaba que Scarafía siga interviniendo en causas legales en las que intervenía su hijo Alejandro Chalub como parte del estudio jurídico del abogado Marcos Pereira.

«La funcionarla debería apartarse del entendimiento de las causas en las que tome intervención cualquiera de los abogados litigantes de dicho estudio jurídico», aclararon los 32 abogados que tomaron parte de aquella asamblea. De hecho, el juez Mariano Pelliza Palmes contestó a una nota presentada por la delegación local del Colegio de Abogados que la Secretaria Scarafía ‘‘se apartará de todas las causas en donde intervenga su hijo Ab. Alejandro Chalub”.

Pese a todas las promesas y recomendaciones, en el escrito que protocolizó e hizo público el Tribunal de Ética Judicial figuran al menos dos causas en las que Scarafía actuó como funcionaria cuando debió apartarse.

¿El dato curioso? Por temor a las represalias que, en la práctica, podía significar que enviasen a un letrado o letrada a litigar a otras circunscripciones como Alta Gracia, Río Segundo, o Carlos Paz, los y las asambleístas hicieron constar que no figuraría el nombre de ninguno de ellos en el acta de asamblea.

El Tribunal de Ética Judicial resolvió recomendar a Scarafía que extreme los cuidados referidos en la Regla 4.1 y 3.7 del Código de Ética
Judicial que se refiere, por una parte, al Buen trato ya que el servicio judicial exige que los magistrados y funcionarios se traten con respeto, cortesía y afabilidad, y que del mismo modo se comuniquen con los letrados, demás auxiliares de la justicia y los justiciables.

Y, paralemente, a la necesidad de Imparcialidad ya que en las causas en las que intervenía Alejandro Chalub había un «vínculo condicionante con alguna de las partes» que exigía la inmediata excusación para intervenir en dichos procesos judiciales.