AUDIO | Evangelina Dellarossa, Secretaria de Inquilinos Córdoba.

Desde el comienzo de la emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19, y al menos hasta el 31 de enero de 2021, está vigente en todo el país un Decreto de  Necesidad y Urgencia que prohíbe los desalojos, extiende los contratos de alquiler, prorroga los aumentos y da la posibilidad de pagar el acumulado en cuotas.  Evangelina Dellarossa, secretaria de Inquilinos Córdoba, señala que esta normativa incluye a familias que alquilan viviendas, y a superficies donde comerciantes, profesionales, cooperativas e industrias desarrollen actividades económicas.

Pese a le medida reciben permanentemente reclamos de inquilinos que se enfrentan a propietarios o inmobiliarias que desconocen la regulación del Poder Ejecutivo. De igual modo registran denuncias por incumplimiento del articulado de la Ley de Alquileres vigente desde mediados de este año en los contratos posteriores a su promulgación. Por ello la Asociación pide mayor control a los corredores inmobiliarios, y señalan que los colegios profesionales no estarían interviniendo ante situaciones irregulares.

A nivel nacional hay 9 millones de inquilinos. Relevamientos de la Asociación arrojaron que un 47 % de las familias tuvo una merma en sus ingresos durante la pandemia y por ello atraviesan dificultades para enfrentar el pago de la totalidad del alquiler.

«El porcentaje de ingreso que una familia destina al alquiler aumenta. Hoy ronda el 67 %. La gente no esta pagando el alquiler porque no puede (…) No es como dicen muchos corredores que la gente se está aprovechando. Hay inquilinos que entre comer y pagar el alquiler, eligen comer», señala Dellarossa.

Pese a los beneficios del DNU, la asociación recomienda pagar los montos adeudados y de esta manera evitar una deuda total acumulada que golpee duramente la economía familiar una vez finalice la disposición nacional.

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