AUDIO | Marcelo Bracamonte
En una carta difundida este jueves, los trabajadores del Hospital Regional Vicente Aguero, manifestaron su «profunda preocupación» ante los claros intentos de modificar el estatus de la ciudad de Jesús María, de zona roja a zona blanca, en lo concerniente a la situación de pandemia por COVID-19.
La misiva contrasta con «cacerolazo» impulsado por comerciantes de la zona céntrica de la ciudad de Jesús María que pidieron una urgente flexibilización.
Entre los argumentos, el personal de salud destaca que la categoría «zona roja» es por la cercanía de la ciudad a Córdoba Capital y no por la presencia o ausencia de casos.
El texto que compartió el personal médico
A las poblaciones de Colona Caroya, Sinsacate y Jesús María
Informamos a Ustedes que la asamblea del equipo de salud del Hospital Vicente Agüero realizada el pasado martes 28 de abril resolvió, entre otros aspectos, expresar su profunda preocupación ante los claros intentos de modificar el estatus de la ciudad de Jesús María, de zona roja a zona blanca, en lo concerniente a la situación de pandemia por COVID-19.
Dicho status no se corresponde con la existencia o inexistencia de casos en el lugar sino con la pertenencia de dicha ciudad al conglomerado del Gran Córdoba, lugar donde efectivamente existe circulación viral, evidenciada en los resultados de hisopados confirmatorios, y presencia de casos con eventual internación en salas comunes y unidades de cuidados intensivos destinados a pacientes con COVID-19. Enfermedad que, como es de público conocimiento, resulta altamente contagiosa, con variada morbilidad en los diferentes grupos etáreos (no sólo en ancianos) y con potencialidad letal en personas con comorbilidades muy prevalentes en nuestra zona tales como diabetes, obesidad, hipertensión arterial, enfermedad cardíaca, etc.
Por otra parte, y más allá de la pertenencia al conglomerado referido, nuestras poblaciones representan lugares de paso con elevado flujo de vehículos y personas, las cuales con un simple permiso de circulación pueden desplazarse sin mayores dificultades e, incluso, superar los testeos eventuales de temperatura por error en los dispositivos de medición o porque simplemente, estando infectadas, éstas no presentan sintomatología.
A título informativo, no existe hasta el presente ningún estudio de prevalencia de anticuerpos contra el COVID-19 en nuestra zona y, por lo tanto, se desconoce que porcentaje de la población presenta inmunidad contra el virus y que porcentaje resulta susceptible.
Pero además, está el hecho fáctico de lo sucedido en ciudades próximas a Córdoba, tales como Villa Allende (13 casos), Mendiolaza (6 casos), La Calera (3 casos), Colonia Caroya (2 casos), Cerro Azul (1 caso), Río Ceballos (1 caso), Salsipuedes (1 caso), Saldán (55 casos), etc., que ponen de manifiesto un riesgo potencial, porque, además, también localidades cercanas a Jesús María. Es decir, no existe argumento científico que acredite la conveniencia de modificar el estatus epidemiológico de esta ciudad.
Entonces nos preguntamos qué motivos superiores a la salud y la vida pueden entusiasmar a las autoridades a alentar la suspensión de las medidas de resguardo.
En un audio reciente, el Intendente de Jesús María afirmó, entre otros conceptos, que se establecerían protocolos para el desenvolvimiento de las diferentes actividades consideradas tras la salida de la cuarentena anticipada. Nosotros, perteneciendo a un hospital declarado referente COVID-19, hemos advertido enormes dificultades para obtener elementos de resguardo y establecer pautas de bioseguridad, aún en personal capacitado para la emergencia. ¿Qué podrá lograr en materia de bioseguridad para los trabajadores un jefe de personal o un funcionario alentado por la trasnochada idea de que el peligro ya no existe? ¿Qué generará en la población el relajamiento del cuidado ante semejantes señales de que “todo está controlado”?
Por todo lo apuntado insistimos en poner por delante la salud y garantizar el sustento de los más necesitados para garantizar la cuarentena.
Por último, hacemos reserva sobre la responsabilidad que nos compete en la atención de enfermos ante la irresponsabilidad de llamar a desacatar las medidas dispuestas para evitar la propagación del COVID-19, implicando con ello el delito de propagación de enfermedad transmisible, poniendo en riesgo la salud y la vida de la población.
Trabajadores del equipo de salud del Hospital Vicente Agüero
30 de abril de 2020
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