Con información del Gobierno de la Provincia de Córdoba y #RJM
AUDIO | Sergio Busso / Gerardo Fornasero
La Legislatura Unicameral aprobó este miércoles la Ley 10.663 del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA). Con la promulgación de la Ley, esta iniciativa tiene garantizada su continuidad en el tiempo, y además se dejan establecidos los criterios generales de funcionamiento y metodologías de trabajo.
La sanción del mencionado instrumento legal, vuelve a instalar a Córdoba como pionera en una propuesta que no tiene antecedentes al menos en el país: se trata de la primera ley que deja establecida una forma de producir cuidando los recursos e incentivando a los productores que hacen bien las cosas.
La ley designa al Ministerio de Agricultura y Ganadería como autoridad de aplicación del programa, y deja instituidos como incentivos del mismo Aportes Económicos no Reintegrables (ANR) para el productor que desarrolle sus actividades en el territorio provincial, bajo las condiciones que establece el denominado Manual Operativo del programa; y ANR para instituciones, entidades y organizaciones que colaboren y participen de su implementación, difusión y ejecución.
También deja establecida la creación de un Fondo de Promoción y Desarrollo de las Buenas Prácticas Agropecuarias, para que en cada ciclo anual se atiendan las erogaciones que demanda la implementación y ejecución. No menor es el capítulo que determina al Consejo Consultivo de BPA (que hoy está conformado por 50 entidades del agro) como órgano de consulta, asesoramiento y colaboración en todo lo referido al funcionamiento del programa.
Las Buenas Prácticas Agropecuarias son un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas tendientes a reducir los riesgos físicos, químicos y biológicos en la producción, procesamiento, almacenamiento y transporte de productos de origen agropecuario. Estas técnicas están orientadas a asegurar la inocuidad del producto, la protección del ambiente y del personal que trabaja para ello.
El Programa Provincial de BPA tiene como metas conservar el suelo, manejar de manera eficiente el agua, innovar tecnológicamente, capacitar, eficientizar la registración de los procedimientos, mejorar las relaciones con las comunidades, disminuir los impactos de las actividades y fundamentalmente producir protegiendo los recursos.
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