La encuesta contó con más de 5.000 respuestas y el dato más destacado que surgió fue que, en promedio, un inquilino destina el 45% de sus ingresos en el pago del alquiler. Esto representa un incremento de 4 puntos respecto de la encuesta que realizamos en enero de este año, que había dado como resultado 41% para esa misma pregunta.

Si analizamos los datos por provincia, Córdoba –con 46,7%- es la que registra un mayor porcentaje de los ingresos que se destinan al pago del alquiler, seguida de San Juan (46,2%), Provincia de Buenos Aires (45,6%) y Ciudad de Buenos Aires (44,6%).

Cabe destacar que esta información hace referencia únicamente al pago del alquiler, excluyendo expensas, impuestos y servicios. Si tomamos en consideración todos esos gastos, un inquilino destina entre el 60 y el 70% de sus ingresos en mantener su vivienda alquilada.

El otro dato importante que surgió fue la enorme evasión impositiva del mercado inmobiliario, ya que el 78,3% de los encuestados afirmó que la inmobiliaria o el propietario no le extienden una factura al momento de pagar el alquiler. Ese promedio nacional, aumenta en provincias como San Juan (94,2%), CABA (84,5%) y Provincia de Buenos Aires (79,9%). Si bien es de público conocimiento (incluso para las autoridades de AFIP) que el mercado inmobiliario opera mayormente en negro, esta es la primera vez que se difunden datos concretos sobre la magnitud de esa evasión multimillonaria.

La Ley Nacional de Alquileres, que fue aprobada por unanimidad en el Senado, corre riesgo de perder estado parlamentario si no es tratada antes de finalizar el año legislativo por la Cámara de Diputados. Ese proyecto extiende a tres años la duración mínima de los contratos y establece que los alquileres deben aumentar una vez por año a través de un índice promedio entre inflación y salario.

En este contexto de urgencia, todas las organizaciones de inquilinos que formamos parte de la Federación Nacional estaremos presentes en el Congreso el próximo martes 21 de agosto para mantener un diálogo con diputados, senadores y dirigentes sociales y sindicales. Allí expresaremos la necesidad de avanzar con el tratamiento de la Ley Nacional antes de que pierda estado parlamentario y debamos comenzar nuevamente desde el principio.