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Mientras el municipio caroyense reubica a las familias que vivían en una fábrica de ladrillos abandonada, el abogado Daniel Zanoni denuncia que el municipio fue cómplice del desalojo.
La polémica sucede tras el pedido de las autoridades a las familias, actualmente ubicadas en el polideportivo municipal, para que abandonen el edificio público y busquen un alquiler. Según afirmó el letrado esta tarea requiere mayor tiempo y dinero que el subsidio por única vez de 5000 pesos que les ha entregado el municipio.
Zanoni señaló ademas que desde el momento del desalojo hay una «amenaza permanente» de separar a los menores de sus padres.
En consecuencia el representante legal continuará con las denuncias penales y se constituirán en querellantes con el fin de recobrar la posesión del bien y el resarcimiento económico.
Entre las demandas que anunció emitirá una estará destinada al municipio por ser «cómplice» ofreciendo un lugar provisorio (el polideportivo) e «inhabitable para una familia». Según indica el abogado la precariedad es más grande que en la situación anterior en la fábrica de Av. San Martin. «Estamos trabajando en dos o tres acciones civiles tendientes a recuperar la posesión (…) una demanda será al estado ya que solidariamente han producido el desalojo.»
Hasta este mediodía autoridades del municipio intentaban conseguir departamentos vecinos en la zona de Tronco Pozo. El municipio quiere concretar la mudanza antes de un evento el próximo domingo y lluvias.
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