POBREZA | Preocupa indigencia y hacinamiento en una ladrillera abandonada

La polémica se dispara de una complicada instancia judicial que incluye el desalojo de, al menos, cinco familias en situación vulnerable, y una denuncia penal por estafa procesal contra el Juez de Paz de Colonia Caroya, José Luis Dreosti. Quince niños, muchos en edad de lactancia; padres jornaleros; una estructura desmoronada por los años y condiciones de hacinamiento, evidenciadas, en este informe.

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La pobreza local bajo la lupa

La situación de pobreza es uno de los problemas más graves de la sociedad actual, hay ejemplos en todo el país. Sin embargo, no hace falta viajar tan lejos para encontrar situaciones extremas.

En Colonia Caroya desde hace una década, cinco familias viven en una fábrica de ladrillos abandonada en calle San Martín al 5385.

«Somos cinco familias que quedamos (en algún momento fueron ocho). Varios niños, bebés, y no tenemos dónde ir. La municipalidad no nos ofrece ningún tipo de ayuda. Nos ofrecen 1500 pesos. Con eso no hacemos nada, alquilar…nada. Esa es la situación de nosotros», explica Gisela Carina Agüero, una de las «Jefas de familia» que habita el lugar.

Las condiciones precarias del lugar, derrumbado por los años y la actividad de la ladrillera de años atrás, reviven en la mente de muchos, otros lugares del mundo, inundados por la necesidad y el abandono.

Perros recorriendo los espacios; bebés en brazos de jóvenes madres; tachos con fuego encendido para calefaccionar un recinto en ruinas y preparar la comida del día; reducidas habitaciones en las cuales duermen hacinados; un humilde baño compartido por hombres, mujeres, niños y niñas; son algunas de las características de un lugar olvidado.

Los adultos de las familias logran sostener las condiciones mínimas de supervivencia, a fuerza de trabajos por jornal, algunas changas y la ayuda del estado municipal aunque aseguran, es insuficiente.

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La ayuda del gobierno

Por su parte, la titular de la cartera de Desarrollo Social del municipio caroyense, Marcela Luque, dijo que desde el área de asistencia social se está «en contacto permanente» con las familias.

«La realidad es esa. Las condiciones habitacionales son malas. Les hemos ofrecido que se trasladen a otro lugar, en tanto se resuelva – si deberán desalojar o no las instalaciones – pero no han accedido porque ellos consideran que es el espacio de ellos. Cuentan con servicio de agua y luz, por lo cual tienen la posesión del espacio», expresó Luque.

300 familias vulnerables en Caroya

Si bien las estadísticas no son definitivas, la actual gestión municipal confirmó datos estadísticos en relación a la ayuda social en Colonia Caroya: al menos unas trescientas familias reciben ayuda del municipio por encontrarse en situación de vulnerabilidad.

Las variables son múltiples: enfermedad, discapacidad, desempleo, pobreza. En tanto, se trabaja en los índices que permitan medir, también, los niveles de indigencia en la ciudad: «estamos haciendo la medición. Hay grupos de familias en situación de vulnerabilidad», señaló Luque.

«Nosotros tenemos en programa, aproximadamente, unas trescientas familias, que van por distintas índoles: solicitan ayuda por discapacidad, por enfermedad, trabajo, es variable «, expresó la titular de la cartera social del municipio, quien agregó que, en relación a la indigencia, se está trabajando con los informes que tienen ahora.

El desalojo | La causa

Horacio Alegre y Gisela Carina Agüero, miembros de dos familias que habitan la vieja ladrillera, presentaron una denuncia penal contra el propietario de las instalaciones que ocupan hace diez años, Víctor Hugo Iribarren; dos abogados que lo patrocinan; y el Juez de Paz de Colonia Caroya, José Luis Dreosti; quienes, aseguran, libraron una orden de desalojo hacia los ocupantes de la propiedad.

El abogado patrocinante de las familias, Daniel Zanoni, dijo a RADIO JESÚS MARÍA que, las actuaciones por parte de los demandantes califica como «estafa procesal», puesto que dichas familias viven en un domicilio con dirección Av. San Martín Nº 5385; y la orden de desalojo llegó con dirección Av. San Martín Nº 5361, y a nombre de Luis Adrián Sayavedra, persona que no habita en el recinto.

Motivo por el cual, mediante denuncia realizada en los tribunales de Jesús María y elevados a Río Segundo, se solicita al Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel, juez del Juzgado de 1ra. Instancia Civil y comercial 32ª Nominación de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Córdoba, «que se haga cesar en forma inmediata los efectos de los delitos que se vienen cometiendo bajo la figura de la estafa procesal».

Así mismo, los representantes de las familias aseguran que en los últimos meses sufren abuso de autoridad por parte de la policía y del Juez de Paz de Colonia Caroya:

«venimos sufriendo una serie de ‘aprietes’ por parte del Juez Paz ‘Dreosti, José Luis’ quien en los últimos dos meses se viene presentado reiteradamente en sede de nuestro domicilio, ingresando al mismo sin nuestra autorización ni consentimiento, violando la propiedad privada, la que resulta inviolable por ley, apurándonos que debemos desocupar nuestra precaria vivienda», expresa la denuncia.

«…Los denunciados en el grado que la investigación lo determine se han puesto de acuerdo para lograr mediante la comisión del DELITO DE ESTAFA PROCESAL, FALSEDAD IDEOLOGICA, ABUSO DE AUTORIDAD», es el requerimiento ante la justicia que corona el pedido de intervención en relación a la situación de dichas cinco familias.