AUDIO | Larisa Monetto, víctima.
Doce años trabajando en la Municipalidad de Jesús María, profesora de educación física, fue coordinadora del polideportivo de barrio 17 de octubre, sin embargo, sus últimos años fueron un calvario que la llevó a renunciar por un caso de acoso.
Se trata de Larisa Monetto, una ex empleada municipal que denunció el 15 de mayo de 2017 a un trabajador del municipio jesusmariense por acoso. Luego de realizar la exposición judicial, la denunciante presentó un informe en la municipalidad pero no obtuvo respuestas. En noviembre de ese año, renunció.
«Me filmaba, me grababa, me sacaba fotos, me mandaba mensajes todo el tiempo, todas las noches iba al polideportivo con la excusa de que iba a hacer mantenimiento del lugar, se pasaba las noches ahí. Yo tenía que pedirle a los profesores que no me dejen sola con él porque me daba mucho temor. Esta situación se tornó más difícil cuando él me declaró su amor e insinuaciones de tener algo conmigo, al tener mi negación hacia él empezó el maltrato«, contó Larisa a Radio Jesús María.
La víctima manifestó que, en ese entonces, dio aviso a su superior (Carlos Mauri, actual Subsecretario de Gobierno) pero no obtuvo ninguna solución. «Muchas veces hicieron oídos sordos a mi pedido de ayuda, hacían comentarios como que esto no iba a pasar que no le llevara el apunte, se tornaba como una situación de risas o burla hasta que no aguanté más la situación y presenté un informe», expresó.
«Tuve que ir con un abogado (gestionado por la Municipalidad) para que me tomaran la denuncia en la unidad judicial. No me tomaban la denuncia porque el tipo no me había violado y no me había tocado, no podían enmarcar la denuncia bajo ninguna infracción«, señaló.
Tras la denuncia, desde el municipio deciden separarlos del cargo a ambos. A Monetto la derivan a la sede del ex Imei y al hombre al Vivero Municipal. «Al mes lo ascienden de puesto lo mandan como encargado del vivero municipal, estaba como personal de mantenimiento y recibe un ascenso», agregó.
«No terminaba de entender cuál era el premio o castigo» dijo la víctima sobre la determinación de los funcionarios municipales.
«El Ejecutivo por un lado me ayudaba y por el otro me deba cachetazos. No sabían que hacer con la situación no supieron como manejarse, como manejarme, como contenerme, no supieron cargar en sus hombros este problema».
Finalmente, en noviembre de ese año terminó renunciando. ¿Por qué hizo público su caso un años después? El caso de Lucía Pérez fue lo que la empujó a hablar.
«Me sentí en parte que era responsable, que si llegaba a pasar algo con este tipo o si hiciera algo por qué quedarme callada. Yo creo que en el momento que me agarraron al principio tenía las alas caídas, después de todo esto siento que estoy más fuerte, quiero que se haga justicia que busque la forma para que esta persona pague lo que hizo», sentenció.
Luego de presentar un informe el pasado lunes, este miércoles la llamaron de la municipalidad y se reunió con la intendente Mariana Ispizua, Yanina Aguirre y Anahí Bulacio.
«Necesitamos que las políticas públicas sean acordes, claras y precisas (…) que se extiendan a un futuro y que sean viables para cuidar a otras mujeres y proteger a donde se vulneren estos derechos», cerró.
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